Este fin de semana ha salido adelante el Referendum del nuevo Estatuto para Andalucía. Con una participación ridícula, de un 36%, y con un voto favorable de casi el 90% de los que se dignaron a votar.
La lectura que se le ha de dar a estos resultados es doble: En primer lugar, el estatuto es legítimo y legal. Legal porque se ajusta a la ley, y legítimo, porque es evidente que este estatuto no genera rechazos entre la sociedad andaluza, dado que si tuviera que haber sido votado por la totalidad de ciudadanos con toda seguridad se hubiera repetido un resultado similar ¿ o no atribuimos a encuentas de opinión mucho menores un margen de error de un 2-3 %?.
Sin embargo, el problema no es ese. Lo grave del asunto es que ha quedado demostrado que no existía una demanda social que pidiese a gritos un nuevo marco jurídico. Que a los andaluces no les importa ser realidad nacional, o nacionalidad histórica, porque ante todo se sienten españoles. El proceso de reformas estatutarias se está haciendo de manera negligente, y para contentar a unos pocos. La ciudadanía quiere otro tipo de reformas, que no pasan sobre un nuevo reparto competencial, o sobre denominaciones de origen nuevas. Pero la tropa socialista no lo entiende, y el Partido Popular les sigue la corriente. Lo siguiente, Galicia... deseoso estoy por ver lo que pasará aquí en Madrid.
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